Política

Lolos en el Senado

marzo 11, 2017

En no pocas ocasiones el espacio editorial de La Jornada Veracruz ha señalado la total corresponsabilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto en los resultados de la administración Duarte y la calamitosa situación en que las tres últimas administraciones priístas dejaron al estado. De menos a más en perverso escalamiento geométrico.

Hace un par de días el representante empresarial Juan Manuel Urreta Ortega aceptó que, en efecto, existen empresarios que aceptaron asociarse en operaciones corruptas con el ex gobernador. Cosa que fue señalada por el gobernador Yunes Linares en evento que sostuvo con ellos.

Lo interesante fue que al aceptar señalamiento, Urreta Ortega, dirigente del CCE, puntualizó que el gobierno federal sabía de del desfalco sistemático que hacía a los veracruzanos. Luego, el gobierno federal es, en el mejor de los casos, sólo cómplice por omisión lo que debiera ser más que suficiente para una investigación muy seria al respecto. Cosa improbable si nos atenemos a los defectos de origen en el diseño de la cacareada fiscalía anticorrupción, señalados por nada menos que por dos de los principales aspirantes a ocuparla y que renunciaron a ella por las fallas en su diseño y porque el proceso de selección del primer fiscal anticorrupción ha sido viciado, lo cual no debiera extrañar mientras el país siga gobernado por la actual clase política convertida en cofradía de complicidades.

El actual gobierno federal ha sido exhibido y desnudado en sus reflejos patrimonialistas, lo mismo los gobernadores que el propio Peña Nieto pusiera como ejemplo del nuevo PRI, Javier Duarte destacadamente.

Se crea un Sistema Nacional Anticorrupción al tiempo que los acuerdos y pactos de impunidad entre los miembros de la llamada clase política se reeditan y refuerzan. Lo que explica el impresentable papel del Senado de la República para emprender acciones concretas contra tres gobernadores grotescamente corruptos y contra el propio presidente de la República.

Lo senadores han definido una forma de designación del fiscal anticorrupción que da a la Junta de Coordinación Política la tarea de hacer la propuesta que votará el resto de los miembros de esa cámara. Lo que significa que el nombramiento del fiscal anticorrupción será resultado de las negociaciones privadas entre Emilio Gamboa, Miguel Barbosa, Carlos Puente y Fernando Herrera o, si se lo prefiere, las negociaciones entre PRI, PRD, PAN y PVEM. El fiscal anticorrupción definido por los operadores de los acuerdos de impunidad. Se alega premura por la urgencia, pero la verdad es que el tiempo para presentar propuestas para candidatos al cargo fue aplazada dos veces.

Mientras la sociedad acepte pasiva a la actual clase política definiendo los procesos de toma de decisiones, la simulación y ficción formal serán la esencia de todo aparente avance.