Política

Insensibilidad

febrero 17, 2017

Apenas hace unos días, el ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez de Icaza, declaró que en Veracruz el secuestro, las extorsiones y las desapariciones "se convirtieron en una industria que alcanzó niveles de barbarie, con la criminalidad más alta en todo el país, reflejo del nivel de descomposición política y social durante el gobierno de Javier Duarte", y reiteró que lo anterior sigue siendo un problema pendiente de solución que exige de las autoridades un esfuerzo mayúsculo por saber la realidad, hacer justicia y dar tranquilidad a los familiares.

De la mano con esa enorme tragedia de cientos de familias, incuantificable en su impacto social, viene la constante aparición y exhaustiva búsqueda de desaparecidos por parte de colectivos y otras organizaciones, de aquellos difuminados en las innumerables, acaso miles de fosas clandestinas que han sido sembradas en años recientes por prácticamente todo el territorio veracruzano, ante la permisividad y pasividad de un gobierno que pudiera ser etiquetado por lo menos de cómplice dado su desinterés y ausencia en un problema ciertamente de múltiples caras.

Como ha sido conocida y reiteradamente denunciada la participación, apoyo y connivencia de ciertos segmentos del aparato de seguridad estatal y de distintos niveles de gobierno con bandas delictivas, la respuesta institucional debiera ser lo más enérgica posible, sin miramientos ni cortapisas, con medidas radicales que incluyeran una limpia de malos elementos en todos los niveles de toma de decisiones y operativos.

Es así como con la llegada de la nueva administración gubernamental se esperaba de entrada cuando menos un cambio de actitud de los responsables de atender y darle seguimiento a las innumerables denuncias por desapariciones, en tanto se tomaba el control de la situación y se llevaba a cabo la imprescindible tarea de agilizar las denuncias e investigaciones ministeriales.

Insertada en el bono democrático con que llegó la administración estatal la responsabilidad de la Fiscalía General del Estado (FGE) resulta mayúscula y si bien es de aceptarse que cambiar las cosas no será posible de manera inmediata, lo que podrían hacer sus encargados es ofrecer un trato humano, sensible con el dolor de las familias.

Sin embargo, ayer aconteció en la FGE una reedición del trato humillante al que fueron sometidos en los últimos años pues por un descuido del fiscal, o desinterés, decenas de familiares de desaparecidos acusaron que recibieron un trato indigno, ofensivo cuando permanecieron por más de dos horas en espera del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián y del fiscal Jorge Winckler, que lo había ido a recibir al puerto de Veracruz sin que fueran notificados que el retraso se debió a adversas condiciones climáticas.

El tono del desencuentro se elevó cuando en su desesperación entraron por la fuerza a las oficinas de la FGE lo que motivó el enojo del funcionario estatal y que demandó la intervención de Campa Cifrián. Al final de cuentas se llevó a cabo la reunión informativa entre colectivos y funcionarios dejando en claro que la sensibilidad social no es una característica de un funcionario que a cada día parece darle la razón a quienes lo acusan de incompetencia y desatención en la delicada responsabilidad encomendada.