Política

Exigen ONG deponer a Mireya Toto de la Comisión de Atención a Víctimas del Delito

febrero 17, 2017

Familiares de desaparecidos piden la renuncia de la presidenta de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Delito (Ceaivd), Mireya Toto Gutiérrez, porque no ha apoyado a las familias que viven el impacto del crimen organizado, a la desaparición forzada por parte de elementos policiacos, "no da trato digno", y cuando alguien acude a solicitar el apoyo es atendido sólo por cita.

Desde el 2012 Toto Gutiérrez fue nombrada por Javier Duarte como titular de la Ceaivd, mientras que el 26 de mayo de 2016, con el Congreso le toma protesta como presidenta de la Comisión Ejecutiva del mismo organismo, al igual que a Rodolfo Jorge Ortiz Escobar como comisionado A, y a María del Monserrat Díaz, comisionada B.

Sin embargo, los integrantes de cinco colectivos que buscan a sus familiares acusaron que esa instancia se ha convertido en un "elefante blanco" y al apostarse a la entrada de la oficina, pidieron que Toto Gutiérrez rinda cuentas y comparezca ante el Congreso del Estado ante la falta de atención e insensibilidad mostrada.

Llegaron a las 10 de la mañana, algunos eran de Xalapa, pero también de Coatzacoalcos, Poza Rica y Veracruz, a quienes les cerraron la puerta de las oficinas y los empleados les pidieron que esperaran hasta las 11 o 12 del día a que llegara la titular para poder ser atendidos.

Pedro Mávil Martínez, padre de Gemma, desaparecida en el 2011, acusó que Mireya Toto argumenta que no cuenta con recursos para proporcionales ayuda, por lo que exigieron que haya un presupuesto para atender sus demandas y reclamó que en la Fiscalía General del Estado (FGE) indicaron que "están ajustando sus planes de trabajo" y que por esa razón no estén avanzando las investigaciones.

El padre que lleva seis años buscando a su hija reprochó que: "antes de que llegara a la gubernatura (Miguel Ángel) Yunes Linares dijo que su prioridad era la atención a las víctimas", e hizo un llamado a la Ceaivd, FGE y al Ejecutivo estatal para que cumplan con los ordenamientos legales, pero sobre todo que tengan la humanidad y sensibilidad para el trato a la víctimas. Mávil Martínez expuso que por la falta de apoyo se ven en la necesidad de abandonar sus trabajos y hasta de bienes para poder pagar y localizar los restos de sus familiares en áreas riesgosas en fosas, trabajos que debiera hacer la FGE.

Apuran investigaciones

"No somos delincuentes" es la consigna, a su vez dan la espalda al fiscal del estado, Jorge Winckler y al subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián, quienes encabezaron la cuarta reunión con familiares de desaparecidos, porque los integrantes de los colectivos lo que exigen es el avance de las investigaciones y respeto hacia ellos.

Tuvieron que esperar dos horas en los patios de la FGE, por ello, ante el cansancio pidieron trato digno y sin esperar "la autorización" entraron a la sala de juntas, ubicada en el tercer piso del edificio, pasaron el filtro sin revisión, cada una de las personas ocupó un asiento. Molestas por la indiferencia del Fiscal, ya que aseguraron que Winckler no les ha dado la cara, no los recibe, menos avanza en las investigaciones.

El coraje, la impotencia estaba en la sala, ahí iniciaron reclamos y quejas ante la presencia de funcionarios menores de la Fiscalía, y no es cosa minúscula cuando a Griselda Barradas, desde hace un mes, le avisaron que habían localizado a su hijo, en una fosa clandestina en el puerto de Veracruz.

Pedro Alberto Huesca Barradas, quien era MP y desapareció el 15 de abril de 2013 en Cardel, fue encontrado en las fosas de Colinas de Santa Fe, pero han pasado más de 30 días y su cuerpo no le ha sido devuelto por las autoridades.

La misma situación fue replicada por otros dos integrantes de los colectivos del sur del estado: José Eduardo Velásquez de 21 años, despareció en 2014 cuando lo levantó un grupo armado, ya fue localizado, pero no hay avances en los trámites y sus restos no han sido entregados a los familiares.

También está la desaparición forzada de Julissa Sánchez, su padre Moisés Sánchez expuso que su hija fue plagiada por elementos de la SSP, pero tampoco le han entregado el cuerpo porque se están retardando los trámites.

A la llegada de los funcionarios, los familiares reprocharon la espera. El fiscal se exculpó, que había ido al puerto de Veracruz por Roberto Campa, pues el avión en el que viajó no pudo aterrizar en Xalapa. Los reclamos eran de los familiares, quienes acusaban que no tomaban con seriedad a los desaparecidos. "La culpa fue nuestra, de los que venimos", dijo Campa Cifrián, en defensa del fiscal, y pidió disculpas a los familiares.

Pero la falta de atención por parte de Winckler, hizo que continuaran los reclamos y el fiscal atinó a decir: "hay situaciones que no están a mi control, pero no volverá a pasar". Una madre agregó: ¿Qué no está en su control?

Pero después respondía a cada cuestionamiento con un "OK".

Diligencias sin integrar

Se han hecho diligencias que no se integraron en las carpetas de investigación o algunas carpetas no están en los MP, como ha ocurrido en el caso de un secuestro en el que intervinieron policías de SSP, aseguró en entrevista, Anaís Palacios, integrante de Buscando a Nuestros Desaparecidos-Veracruz.

A decir de los agentes del MP Investigador, las indagatorias causaban reserva en espera de que hubiesen más elementos para buscar a la persona desaparecida, que estos casos están asociados a secuestros, a desapariciones forzadas o a desapariciones de menores de edad.