Política

Acusa Grupo Multisectorial nulo avance en denuncia por el hurto de retrovirales

enero 19, 2017

Veracruz, Ver.- El Grupo Multisectorial VIH Sida en Veracruz denunció que no ha habido avances en las denuncias que fueron interpuestas por el robo de retrovirales del Centros Ambulatorios de Prevención y Atención en Sida (Capacyt) Veracruz en 2015 y las pruebas falsas para detectar el virus de inmunodeficiencia humana en 2014.

Patricia Ponce, miembro de dicha organización, aseguró que cada frasco de medicamento antirretroviral cuesta entre ocho y 10 mil pesos.

"En el Capacyt de Veracruz desaparecieron mágicamente más de 150 frascos de medicamentos antirretrovirales que en su momento también denunciamos con el secretario, estuvimos presionando y el 10 de noviembre se metió denuncia contra quien resulte responsable", expresó.

Sobre las pruebas de VIH para mujeres embarazadas fueron adquiridas bajo la administración de Pablo Anaya como secretario de Salud y Ricardo Sandoval como director administrativo, dijo: "las testamos (sic) como con compañeros que tienen VIH, y nos extrañó mucho que estas pruebas salieron nuestros compañeros falsos negativos, no tenían VIH cuando son compañeros que tienen 15 a 20 años viviendo con el virus, entonces las llevamos con el secretario, las comparamos y le dijimos que no se podía usar porque eran 70 mil pruebas para mujeres embarazadas", explicó.

Ponce señaló que estas pruebas estaban en manos del programa de salud reproductiva, cuando se detectó la anomalía fueron enviadas al Laboratorio Estatal dirigido por Aurora Parissi, que en su momento las avaló (ella sigue en el cargo), sin embargo el Multisectorial volvió a revisarlas y se lograron detener.

Afirmó que se exigió que se compraran nuevas, sin embargo desconocen qué pasó con esas pruebas irregulares, "llegaron sin marca en unas bolsas negras, sueltas, a pesar de que deben llegar etiquetadas, en caja y con fecha de caducidad (...) deben de estar avaladas por la Secretaría de Salud (SS) a nivel nacional, sin embargo no cumplían ningún requisito".

Ponce afirmó que necesitan saber si las pruebas fueron embodegadas, devueltas al fabricante o incluso si se usaron.

"Qué sucedió con esas pruebas, porque la duda campea en que su fueron aplicadas o no, si las pruebas fueron aplicadas, cosas que no nos consta, es criminal, se trata de dos personas de por medio, la mujer y el bebé que se está formando", dijo.

Señaló que no han tenido respuesta con ningún secretario de Salud al respecto y afirmó que si fueran aplicadas se tendría que ver a quiénes y llamar a esas madres con los niños para verificar si es que lograron sobrevivir. Además dar a la ciudadanía garantía de que si la prueba se usa es buena.

Al respecto el ex secretario Juan Antonio Nemi Dib señaló que fueron enviadas a una bodega donde estarían aseguradas y debieran seguir ahí, sin embargo sólo la SS tiene la documentación necesaria para dar seguimiento al caso.

Piden en LGBTI repetir 
las pruebas de VIH

Un grupo de personas de la comunidad Lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual (LGBTI) busca que se les hagan otro tipo de pruebas VIH debido a que tienen temor de la calidad de las que se les aplicaron por los casos que se han denunciado de pruebas "patito".

Guillermo Izacur Maldonado, presidente de la comunidad Jarochos LGBTI, indicó que hasta el momento 30 personas se han comunicado con ellos para preguntar y pedir apoyo sobre el tema.

"Se han comunicado de Cardel, La Antigua, del puerto de Veracruz y Alvarado que no saben si tiene o no VIH, todos los que hacen pruebas diarias no son 10 personas son más, unos 50 a 60, hay mucha gente que tiene la duda", explicó.

Aseguró que ya hay varios grupos que están organizándose para pedir a las autoridades se investigue y se dé con los responsables de estos hechos.

"Tenemos varias entidades que están unidas con nosotros y que sí están diciendo que nos van a apoyar para cualquier cosa, no hacer paros ni marchas sino proceder como debe de ser, proceder legalmente.

"Es un crimen, imagínate que estés con la confianza de no lo tengo y resulta que sí. Fue un atentado contra la ciudadanía", acusó.

Izacur Maldonado consideró que los ciudadanos deben de levantar la voz porque las autoridades nada hacen al respecto para que haya castigo a los responsables de estos hechos.

Sesver debe investigar si se aplicaron 70 mil pruebas 
de VIH defectuosas: GM

La SS deberá comprobar que las pruebas rápidas para VIH que aplicó a mujeres embarazadas, desde el 2014, no pertenecían al lote de 70 mil que se detectaron defectuosas o de lo contrario se enfrentará un problema severo en materia de salud, expresó Patricia Ponce Jiménez, integrante del Grupo Multisectorial en VIH.

En entrevista explicó que durante la gestión de Pablo Anaya, la Secretaría compró 70 mil pruebas rápidas de VIH, específicamente para aplicarlas a mujeres embarazadas como parte de las medidas preventivas de transmisión, las cuales fueron detectadas como defectuosas cuando se les probó y por ello se exigió que no fueran aplicadas, pues daban resultados "falsos negativos".

La manera en la que el Grupo Multisectorial evaluó estas pruebas, fue aplicándolas a personas portadoras de VIH que colaboran con ellos y al ver que en los resultados no registraban la presencia del virus, estas fueron rechazadas, a lo que la SS dijo que las verificaría.

Agregó que en su momento el Laboratorio Estatal de Salud Pública, que desde entonces está a cargo de Aurora Parissi, hizo análisis y a pesar de la evidencia presentada originalmente, avaló esas pruebas que el Grupo Multisectorial rechazó.

Por ello se insistió en la exigencia para que no se aplicaran, a lo que en aquel entonces la dependencia habría accedido, retirando el lote en ese momento, sin embargo no se informó cuál fue el destino de estos materiales.

En aquel momento se compró un nuevo lote de pruebas, "que si cumplía con la calidad requerida", no obstante sigue la incertidumbre respecto del paquete que contenía las que estaban defectuosas, reconoció la activista, pues a la fecha no se ha informado sobre qué ocurrió con los reactivos que fueron rechazados.

Dijo que por ello la SS, en este momento, debe acreditar que esas pruebas no fueron utilizadas y que habrían sido destruías conforme a la norma, pues de lo contrario tendrán que buscar a todas aquellas mujeres embarazadas que en ese momento fueron sometidas a esas pruebas y verificar su estado de salud.

Esta situación es un problema severo, pues además pone en duda el trabajo que se ha llevado a cabo en materia de prevención, lo que pudiera reducir la confianza de la población para realizarse pruebas, aún para aquellas que son entregadas por la Fundación AHF, que es con las que trabaja desde hace cinco años en el Grupo Multisectorial.

"La postura del Grupo Multisectorial es rotunda: no queremos declaraciones, queremos resultados, en las manos del actual secretario están los papeles, los documentos, déjate las denuncias, los papeles, para garantizar si esas pruebas no se aplicaron, eso nos preocupa, si esas pruebas se aplicaron estamos en graves problemas", dijo.

Agregó que "no podemos asegurar que fueron aplicadas, no nos consta, pero si fueron aplicadas estamos en problemas, si eso fuera tendrían que llamar a todas aquellas mujeres embarazadas a las que se les aplicó la prueba y se les dijo que no tenían problema (para rehacerles la prueba) porque son dos vidas".

Sobre si presentarían una denuncia penal, como organización de contraloría social, en contra de quienes tengan responsabilidad en estos hechos, dijo que están evaluando el tema, pues tienen que verificar si tienen la atribución legal para hacerlo, de lo contrario dijo que acompañarían a quienes sintieran vulnerados sus derechos para proceder legalmente.

Posible muerte de 
nueve niños: Nemi

Entre diciembre del 2014 y enero del 2015 por falta de tratamiento podrían haber muerto nueve niños en el Centro Estatal de Cancerología "Dr. Miguel Dorantes Mesa" en Xalapa, aseguró el subsecretario de salud, Juan Antonio Nemi Dib.

Expresó que al cuestionar a la SS al respecto, le negaron la información, por lo que a través de una solicitud de información en el registro civil, le enviaron las cifras.

"Muertos nueve menores de edad, me dieron los sexos, las edades, las fechas de fallecimiento, y las causas, entonces con esta información yo vi a un grupo de oncólogos pediatras y les pregunté y ellos llegaron a la conclusión de que de los nueve niños sólo uno estaba verdaderamente sentenciado a muerte, no tenía manera de salvarse, pero que los otros ocho muy probablemente habrían fallecido por un tratamiento inadecuado o por un tratamiento incompleto", explicó.

Sin embargo, para Nemi Dib habría que preguntarse cuántos niños murieron en sus casas o en otras instituciones de salud por esta situación.

Añadió que dos menores de edad que ya estaban a mitad del proceso para recibir un trasplante de nómina "fueron condenados a muerte" cuando les cancelaron el procedimiento por falta de recursos.