Política

El IPE y su dudoso regateo

enero 19, 2017

El incipiente desagregado con el que la sociedad se va enterando de las reprobables singularidades de los últimos dos gobiernos priístas del estado empiezan a apilar razones de gobiernos criminales. La desvergüenza de sustituir costosos medicamentos para tratamientos oncológicos con agua destilada no tiene noción de límite en la bajeza.

Lo mismo sucede con el desenfreno en la descapitalización sistemática del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) cuyos recursos no sólo fueron drenados directamente por estos gobiernos sino que se usó el patrimonio de los pensionados para pagar retiros en extremo privilegiados a personajes que difícilmente hubieran cubierto la décima parte de las cotizaciones necesarias. Durante años esto fue un trascendido sin confirmación aunque con las certezas de la sospecha con fundamento. Pero la negativa de la actual administración del IPE para liberar los nombres de los jubilados que cobraban cien mil pesos, confirma en efecto la existencia de burócratas híper privilegiados favorecidos por una u otra administración.

Se aduce a la Ley para la Tutela de Datos Personales y a razones de seguridad, pero al margen de que el público sepa el nombre de los privilegiados elegidos, el sólo hecho de que los administradores del instituto apelen a tales argumentos es un reconocimiento de la existencia de tales atrofias, a contrapelo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información obliga a dar a conocer el nombre de todos aquellos que reciban recursos públicos, precisamente en razón de ser públicos.

El problema no es que haya pensiones singularmente altas si estas corresponden a lo cotizado por el beneficiario, el problema es que si tales respaldos no existen entonces se quita a unos para a dar a otros que no justifican el derecho. Y eso en lenguaje llano es robo. Puesto así, al negarse los administradores del IPE a hacer pública la información de quienes reciben recursos públicos en tales cantidades violenta el derecho del público y especialmente el de los jubilados de saber con precisión los manejos y decisiones que han puesto tanto al IPE como a sus agremiados en éstas condiciones de extrema indefensión. Imposible olvidar que entre quienes toman decisiones en el Consejo Directivo del IPE están no sólo funcionarios estatales circunstanciales, sino el estamento superior del sindicalismo corporativo burocrático en del estado.

Si a todo esto se suma que durante el gobierno anterior se acumuló un adeudo del gobierno con el IPE por arriba de 600 millones de pesos, se tendrá idea de la explosividad del asunto. La prudencia más elemental aconsejaría no sumar tensiones ni agravios adicionales