Política

Gobiernos infames

enero 10, 2017

La sorpresa que el gobierno federal regaló a los gobernados mexicanos con el aumento del precio de las gasolinas ha esfumado cualquier redrojo de credibilidad y aceptación que hubiera quedado luego de una larga secuela de decisiones contra el interés público tomadas desde el inicio de la administración.

Con la intención de atajar daños y la pérdida de autoridad, el gobierno federal convoca al eufemístico acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar con el impensado resultado de que los empresarios veracruzanos rechazan la convocatoria presidencial con el nada menor argumento de que tal acuerdo no satisface las expectativas ciudadanas en materia de ahorro en los gastos gubernamentales.

El asunto trasciende con mucho la mera coyuntura del descontento social. Al rechazarlo justo con el argumento de las expectativas sociales, los empresarios retiran parte sustantiva de la soportes de legitimación. En el fondo, se antoja una manifestación de inusual empatía empresarial con los asalariados en tiempos de neoliberalismo salvaje. Cosa que está muy bien.

Hay sin embargo otra inflexión argumentativa igualmente importante, los empresarios subrayan la falta de honestidad gubernamental. Así, dos organismos cupulares empresariales, el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana retiran en los hechos su respaldo al gobierno. Respaldo sustantivo si nos atenemos a funcionamiento corporativo del sistema mexicano. La cosa bien pudiera escalar al nivel de rebeldía impositiva y dejar de pagar impuestos.

En el ámbito local el asunto se antoja más intenso por las continuadas revelaciones de los alcances de la corrupción gubernamental del gobierno anterior. Ahora con el muy sensible asunto de medicamentos clonados para tratar/engañar a enfermos de cáncer. La bajeza es mayúscula. La Contraloría General del Estado reconoce por escrito que desde 2012 estaban enterados de la situación y preparaba las medidas disciplinarias contra los funcionaros involucrados. Acepta también que el gobierno enderezó amenazas mafiosas contra los empleados que atestiguaban sobre los falsos medicamentos. La fuga y no aparición del ex gobernador Duarte obliga a sospechar de protección explícita proveniente de autoridades federales. La magnitud obscena de los desvíos sugiere igualmente que, en el mejor de los casos, la administración federal estaba al tanto de lo que sucedía en Veracruz, arropó al gobernó y muy probablemente lo hace todavía.