Política

Manzana y veneno

octubre 29, 2016

Ante la crisis sistémica integral que vive el país, el diputado federal Manlio Fabio Beltrones sugiere una modificación importante en el sistema electoral vigente: si en las elecciones del 2018 ningún partido candidato obtiene un mínimo de 42 por ciento de los votos y tampoco mayoría en las cámaras del Congreso, el ganador estaría obligado a formar un gobierno de coalición con otras fuerzas políticas. El ganador tendría que registrar ante el Congreso un programa común de gobierno y una agenda legislativa, el gabinete tendría que ser aprobado por el Legislativo, excepto los secretarios de Defensa, Marina y Seguridad Pública.

Es un planteamiento interesante que pasa por alto la característica principal del sistema de convivencia y reproducción política: los partidos políticos no representan ni actúan en nombre de lo que interpretan el interés ciudadano, sino en el de sus élites y burocracias.

En 40 años de una larga serie de reformas político-electorales se creó un sistema que deforma la idea, funcionalidad y el propósito mismo de la representaciones políticas. Los partidos dejaron de ser organizaciones intermedias de representación, promoción y participación ciudadana para el acceso al poder. Llegó al extremo de la aberración cuando en diciembre de 2012 Enrique Peña Nieto y los líderes del PAN, del PRI, del PRD y el PVM firmaron un acuerdo político que extirpaba la esencia misma de la representatividad política de la sociedad que, en nombre de la gobernabilidad, facilitaría la instrumentación de reformas estructurales contrarias al interés público.

Una Reforma educativa que durante más de dos años permaneció como mera reforma laboral sin abordar el tema educativo propiamente dicho y que fue copiada literalmente de los documentos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); y una Reforma energética que enajena el interés nacional y ni remotamente ha logrado cumplir con la promesa combustibles más baratos. Al contrario.

El instrumento evaluatorio educativo de la OCDE, la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), no consiste tanto en definir la situación de la educación escolar de los países, sino en promover los cambios en adquisición de conocimientos, aptitudes y competencias para resolver problemas: entender los manuales con los que se operan las máquinas y no para conocer el contexto de la sociedad en la que se vive, la historia; no para la formación y cultivo de sensibilidad y la cooperación por medio de la literatura y el arte, sino conocimientos operativos de matemáticas y ciencias para trabajo, no para aprender a razonar. La educación como instrumento utilitario para la formación de cuadros al servicio de los monopolios y del capital financiero internacional.

El ejemplo sobra para demostrar la distorsión sustantiva que ha encajado el sistema de convivencia político mexicano, el cual dejó de serlo para convertirse en una acuerdo de complicidades para la apropiación privada de los recursos públicos.

El caso Veracruz es paradigmático, junto con el de Chihuahua, Nuevo León, Quintana Roo y varios gobernadores tamaulipecos exitosamente reciclados, como Moreira y antes Yarrington. En los últimos 15 años, varios ex gobernadores han sido aprehendidos por su presunta responsabilidad en diversos delitos. Andrés Granier, Jesús Reyna, César Duarte, Luis Armando Reynoso; Yarrington está prófugo mientras Moreira se recicló y Evaristo Hernández sigue bajo sospecha, más el reciente caso del ex gobernador Javier Duarte.

Tales distorsiones han sido posibles porque el sistema político dejó de serlo. La precaria gobernabilidad es dada por el sistema de complicidades, no por acuerdos políticos legítimos.

La proposición de Manlio Fabio Beltrones es racional, pero en las circunstancias actuales es peligrosa, contraria al interés público porque refuerza los acuerdos informales vigentes que sustentan las distorsiones en la aplicación de la ley y la corrupción.

*Es Cosa Pública