Política

Góber, la reincidencia delictiva

septiembre 26, 2016

En Veracruz, se activa la alerta de que el hampa electoral gubernamental crece y se fortalece, con facilidades de complicidad, encubrimiento e impunidad institucional y social; porque siguen sin contemplarse y hacerse efectivas muchas obligaciones de su combate permanente; persiste amplia omisión y falta de actualización de diversos tipos de delitos y sanciones en las leyes; abundan notorios procedimientos incompletos o complicados, lentos o no previstos, que inhiben o limitan al ciudadano y sociedad en general; y, en general, con la novedad que ni se cumplen ni se hacen cumplir las normas, especialmente a los servidores públicos.

El tema es de urgente atención, sobre todo, para quienes integran el nuevo Congreso del estado. ¿Facilitarán los nuevos diputados el fortalecimiento del hampa electoral en Veracruz? ¿Habrá elecciones municipales a la carta?

Por lo pronto, algunas breves reflexiones. No sin antes reconocer que en lo electoral hay avances, que es necesario consolidar y ampliar.

Reincidencia en oferta. Multa de 36 mil pesos

Para la Historia. Una vez más, el gobernador, el jefe de las instituciones en el estado, el titular del Poder Ejecutivo, la persona a la que se ha entregado la representación y la confianza públicas, resulta ser un infractor, un responsable de delincuencia electoral.

Recuérdese que como todo servidor público, en todo caso, está obligado a cumplir y hacer cumplir la ley. Simplemente como muchos otros, no lo hizo, pero a diferencia de casi todos, tendrá que cumplir con la sanción que se le ha impuesto y que lo convierte en reincidente.

Hace unos días los medios de comunicación destacaron que ante la queja de los partidos políticos Morena y Acción Nacional, se inició proceso contra el gobernador de Veracruz, a quien se encontró culpable y se ordenó imponerle una sanción.

La Legislatura estatal acordó multa de 500 salarios mínimos, de acuerdo con la sentencia y notificación, el 8 de septiembre, del Tribunal Electoral de Veracruz que se vio obligado después de haberlo exonerado, a obedecer a la autoridad federal correspondiente y reconsiderar el asunto. Así, se acordó sancionarlo por intervenir en proceso electoral local 2015-2016.

Destaca en la condenable conducta del gobernador haber violado el principio de imparcialidad que deben observar los servidores públicos al apoyar a su candidato, partido y alianza del PRI; y además, haber promovido agravios en contra de otro candidato y partidos, del PAN y PRD.

Las preguntas saltan de inmediato. ¿Por qué primero se le exonera? ¿Por qué sólo al gobernador? ¿Por qué no se investiga, atiende, vigila y procesa a otros más? ¿Por cierto, se ha notado que los Partidos políticos pagan las multas con parte de las mismas prerrogativas. Es decir, con los mismos recursos públicos que se les entregan? ¿Para eso se les sostiene y apoya?

Es más, de acuerdo con el total de recursos entregados, casi el 1% del presupuesto estatal, ¿ya se comprobó que el de Veracruz es el voto más caro del país?

Estas y muchas interrogantes llevan a alertar y señalar que la delincuencia electoral aumenta y es intocable, junto a una costosa partidocracia también creciente.

Por lo pronto la noticia es escándalo efímero, dura poco tiempo y, como siempre, no se da a los pequeños grandes hechos, ni a los otros que ni siquiera se mencionan, la importancia que tienen.

Reincidente multado, ¿y los otros?

La noticia no puede ni debe pasar desapercibida, en particular porque la delincuencia electoral ha alcanzado niveles alarmantes, frente a grados de irresponsabilidad gubernamental cuya complicidad, omisión y participación ha fortalecido la impunidad; a pesar de los cuantiosos recursos que se le destinan a las instituciones y partidos políticos, que en el caso de Veracruz han convertido al voto en uno de los más caros del país.

La democracia padece y enfrenta, desde siempre, a la delincuencia electoral. El reto es saber hasta dónde se está dispuesto a sostenerla y soportarla; o, a enfrentarla, disminuirla y erradicarla. Por lo pronto, entre otros, sobresalen cinco aspectos:

Delincuencia electoral creciente; urge, oportuna y efectiva aplicación de la ley; persistencia de ineficiencia, corrupción y encubrimiento oficial; costosa partidocracia en aumento, convertida en concesión, franquicia y negocio electoral, con cargo al presupuesto; y, en general, gasto público excesivo, sin transparencia ni rendición de cuentas efectiva.

Y respecto al caso que se comenta. Hay que insistir que se trata de reincidencia porque es la segunda multa impuesta al gobernador de Veracruz por interferir en procesos electorales.

Recuérdese que en septiembre del 2014, el mismo Congreso impuso la misma multa de 500 días de salario mínimo al mismo Javier Duarte de Ochoa, gobernador del estado. Como resultado de la sentencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En esta ocasión, a nivel local, el Tribunal Estatal Electoral determinó que no había violación a la ley, pero en juicio de revisión constitucional, la autoridad jurisdiccional federal revocó el acuerdo local y ordenó reconsiderar. Resultado de una nueva y exhaustiva revisión, la autoridad local emitió una nueva sentencia, ordenando al Congreso sancionar al mandatario estatal.

En diversas formas se ha insistido en estos aspectos. "Al existir criterios jurisdiccionales de que compete a las legislaturas locales el emitir sanciones a funcionarios locales que no tienen un jefe superior jerárquico"; y también, que en base al artículo 79 de la Constitución, que establece como sanción la suspensión, destitución, inhabilitación y de carácter pecuniario, al no ser clara sobre la sanción a la que se hace acreedor el gobernador, se ha determinado simplemente multarlo. ¿La ley para todo servidor público?

En fin, hay que enterarse de limitaciones y alcances de leyes e instituciones públicas. Sobre todo, en casos o situaciones, cuando las debilidades y lagunas (legales y gubernamentales), las interpretaciones a modo y los fallos inconsistentes o a conveniencia, pueden ser aprovechados para desestabilizar, alterar la paz pública y debilitar el Estado de Derecho, al omitir, permitir o alentar el delito en cualquiera de sus formas.

*Académico IIESESUV

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