Política

Miseria legislativa

agosto 05, 2016

En las democracias representativas con efectiva división de poderes es fundamental poner en operación los contrapesos necesarios para garantizar la funcionalidad y la legitimidad del sistema, y así crear condiciones de estabilidad política, aún en contextos de crisis. Esto no es un secreto para los regímenes auténticamente democráticos, que van desde las democracias fundantes hasta las emergentes. Con sobrada razón, en las transiciones políticas es importante vigilar y evaluar constantemente tales fundamentos de la representatividad puesta en duda, cuando el bajo perfil y falta de profesionalización de los actores legislativos deriva en una manifiesta incapacidad para procesar iniciativas diversas que respondan al bien común más que a una supuesta identidad partidista, ya no se diga a un determinado perfil de gobernante autoritario.

La decisión del actual Congreso del estado de Veracruz –con una votación de 29 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones– de integrar dos fideicomisos con sendos nombres delirantes para solventar el pago de deudas diversas que tiene el gobierno estatal con empresas proveedoras y de servicios, verdaderas y falsas, no sólo da luz verde para una aplicación indebida de recursos fiscales provenientes del sector privado, como lo es el Impuesto a la Nómina, sino que esta aberración fue posible mediante un operativo disciplinario de una mayoría priísta en un Congreso local en retirada, que a lo largo del actual sexenio siempre se comportó sin el mínimo atributo que debe acompañar a quien se diga legislador, parlamentario o tribuno, ya que para ello se requiere inteligencia, independencia de criterio, manejo de la información pertinente, capacidad de debate y una buena dosis de estilo y gracia para convencer a los adversarios y responder con dignidad ante sus ingenuos electores.

Pero por razones de origen, y a través del control histórico ejercido por el PRI en la mayoría en los congresos locales, las formas y mecanismos del quehacer Legislativo se reducen a la nada, y sólo se percibe su labor cuando funcionan como correas de transmisión de las iniciativas y ocurrencias de los gobernadores, todavía jefes regionales que otorgan rendimientos al Presidente a cambio de un apreciable margen de maniobra y de impunidad.

No se sabe, exactamente, bajo qué condiciones financieras concluirá el actual gobierno de Javier Duarte y cuáles serán las consecuencias jurídicas de los diversos señalamientos de corrupción e ineptitud que, indudablemente, expanden sus beneficios, así como las responsabilidades, a sus más cercanos colaboradores, cómplices u omisos, siempre anteponiendo a sus actos cualquier declaración imbécil, como en la entrevista donde el secretario de gobierno, Flavino Ríos, aceptó el haber ordenado el desalojo de la vía pública y consecuente maltrato de los jubilados; o los artificios que frecuentemente debe armar el Procurador del estado para solventar el vacío en impartición de justicia; o el engrudo en la boca de Harry Grappa para explicar sus modestas y merecidas propiedades; o el silencio del secretario de Seguridad, imperturbable ante el delito; o el olvidable director del IPE, convenciéndose de que no se han dejado de pagar puntualmente las pensiones y que no existe merma alguna en la reserva técnica.

Pero en lo que atañe al Poder Legislativo, lo que resulta evidente es la falta de escrúpulos de la fracción priísta en el Congreso local, que ha procedido de manera irreflexiva, irresponsable y, lo peor, con una actitud cínica y patibularia donde el llamado a la decencia que les hiciera su compañero de bancada, el diputado Ricardo Ahued, no les provocó el menor rubor y pudieron llegar a casa tranquilos. Antes, durante y después, lo que prevalece es una predisposición ciega a obedecer las instrucciones del Ejecutivo estatal como si en ello se les fuera la vida. No hay más que observar aquella mesa que provisionalmente instaló la actual presidenta de la Mesa de Directiva, la diputada Octavia Ortega Arteaga, donde sus huestes se rebelan para poder sesionar ante la toma de la tribuna por parte de la oposición; o seguir enmudecidos la inspiradora figura del diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo, presidente de la Junta de Coordinación Política –para colmo, de representación proporcional–, quien en el más puro estilo porril boicoteara una sesión del Congreso, ordenando la graciosa huida, acto digno de quien se hace o deja llamar "líder moral del magisterio", y que aún sobrevive con todo y reforma educativa. Y ojalá que a los diputados gemelos, Cuauhtémoc y Tonatiuh Pola Estrada no los confundan en la calle, para bien o para mal.

Todos vieron pasar ante sus ojos las cuentas que el gobernador les hizo ver, y ni la mínima lógica del cargo y el abono les hizo distinguir los detalles pues, faltaba más, el desglose de las mismas y el conocer el cabal cumplimiento de los compromisos de las empresas acreedoras no eran asuntos accesibles al entendimiento, como lo hizo ver el diputado Francisco Garrido Sánchez, presidente de la Comisión de ¿Vigilancia? del Congreso; también diputado de representación proporcional que jamás se expondrá y rendirá cuentas ante sus inexistentes votantes. Y lo que estuvo mejor es que un diputado del PRI –da igual quién haya sido– tranquilizó al auditorio aclarando que echarle mano a los recursos del Impuesto a la Nómina no significaba contratar más deuda. ¿Acaso alguien con dos dedos de frente pensó eso? ¿Acaso el estado puede adeudarse con sus propios recursos? El asunto era más claro y contundente: se trataba de lograr y se logró perpetrar un acto, no de endeudamiento sino de arrebato, que contravino los principios de cualquier teoría fiscal: la contraprestación, la equidad y la transparencia. No es posible que recursos recabados y etiquetados acaben en el resumidero de las finanzas gubernamentales sólo porque el gobernador no tiene de dónde para cerrar el ejercicio. Un teórico de la Hacienda pública afirmaba que muchas veces resulta preferible enfrentar al asaltante nómada que a los ladrones sedentarios, instalados cómodamente en despachos y oficinas gubernamentales.

Luego de las extenuantes sesiones donde cometieron auténticas fechorías legislativas, los diputados de la fracción del PRI se retiran satisfechos o hartos de sí mismos; pero se dirigen a bien comer o a degustar una bebida en un tranquilo bar, corbata aflojada, zapatones del tamaño de su desvergüenza, humor de mal gusto y el infaltable celular, instrumento de la logística y la rendición de cuentas al verdadero poder al que sirven que, por supuesto, no corresponde a la soberanía popular. A salvo están sus ridículas mansiones; sus apabullantes camionetas de 10 metros de eslora; sus vacaciones donde nadie los reconozca y les reproche sus absurdos atuendos y accesorios de diseñadores, quienes viéndolos desde Milán o París se hubiesen negado a ataviarlos.

El nuevo gobierno y sus tres poderes constituidos se rehabilitarán y dignificarán a partir de un Poder Legislativo cuya importancia, en su génesis, precede a los otros dos, porque antes de gobernar un país con leyes, hay que crearlas. El Constituyente es un Legislativo. En el lamentable caso de la entidad veracruzana, lo obsceno, lo grosero y lo irracional, más que atribuibles a fallas procedimentales de la democracia, derivan de una estirpe de políticos grotescos, simples burócratas que usurparon funciones para las que no estaban preparados, ni intelectual ni moralmente.

*Facultad de Sociología

escroyer@hotmail.com