Política

Ruta de fuga

julio 08, 2016

En una espléndida película de acción del director Michael Mann –mal traducida como Fuego contra fuego– una banda de asaltantes profesionales es dirigida por Nate (John Voight), quien planea los robos a bancos y vehículos de valores con lujo de detalles y especificaciones; y ello incluye la ruta de fuga. El cabecilla operativo de la banda es Neil McCauley (Robert de Niro), quien al dar su último golpe deberá enfrentar al igualmente astuto agente de la policía antirrobos Vicent Hanna (Al Pacino). Pese a algunas dificultades, el atraco a un banco en el Downtown de Los Ángeles resulta exitoso, pero un ajuste de cuentas entre Neil McCauley y un soplón ex miembro de la banda complica lo que parecía ser una huida asegurada. Por lo menos en la cinematografía el género policíaco y el thriller político recrean con un convincente nivel de verosimilitud las sórdidas entrañas en las que se desenvuelven los personajes. El qué, quiénes, cuándo y dónde resultan circunstancias que se resuelven dejando a los personajes al desnudo; y aun lo que queda sin desvelar también sugiere líneas claras de culpabilidad de aquellos que logran salvar el pellejo.

En el estado de Veracruz la política y los políticos, sin caer en banalidades, representan aquellas turbiedades que no siempre se exponen a la sociedad. Si los funcionarios incurren en irregularidades y abusos, poca distancia queda entre estas transgresiones y los vulgares actos delictivos. El plató está dispuesto para que los protagonistas aparezcan y puedan ser aclaradas sus responsabilidades en los conocidos señalamientos de corrupción. ¿Quiénes decidieron el nivel de deuda contratado por el gobierno estatal y su obscuro destino? ¿Qué eminencia gris propuso la integración de empresas fantasma a las que se canalizaron recursos millonarios? ¿Quiénes son los cómplices y beneficiarios directos del círculo cercano al gobernador? ¿Con qué argumentos pretenden el secretario de Finanzas y el contralor cubrir los desfalcos, como si fuera la doble contabilidad de la mafia? ¿Quiénes, en vez de cumplir sus funciones cuando los problemas de Veracruz así lo exigían, se reunieron para asegurar su porvenir a cuenta del erario público?

A ver, las siete leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que acaba de ser aprobada por la Cámara de Diputados y reenviada al Senado aún está sometida a fuertes cuestionamientos y controversias de concepto, de procedimiento y de simple comprensión para cualquier ciudadano que quisiera hacerla efectiva ante un hecho de corrupción cometido por un funcionario público de cualquier nivel, a lo que se añadió la reacción del sector empresarial por haberlos incluido en la Ley 3de3, asunto que ya les resolvió, para su alivio, el presidente Peña Nieto con tanta atingencia.

Partidos políticos, expertos promotores de la transparencia y la rendición de cuentas y los medios de comunicación se encuentran enfrascados en esta discusión que tiene para dar de sí; pero lo que aún no se vislumbra es qué hacer en el corto plazo frente a actos documentados de abuso y corrupción cometidos por y durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, con el enorme antecedente del gran hurto en la administración de Fidel Herrera. Existen 12 delitos tipificados en la mencionada la ley y algunos de ellos podrían ser aplicados al gobierno del estado de Veracruz que correspondan a los ámbitos federal y estatal; sin embargo, no se ve cómo y cuándo los organismos entreverados –Secretaría de la Función Pública; Auditoría Superior de la Federación; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Consejo de la Judicatura Federal; Secretaría de Hacienda; Suprema Corte de Justicia, y otras tantas figuras introducidas en el SNA– que podrían intervenir y deslindar los niveles de responsabilidad de funcionarios públicos involucrados en prácticas ilícitas puedan ejecutar acciones oportunas y efectivas.

Mientras todo esto ocurre y se resuelve en un auténtico laberinto procedimental, los veracruzanos que votaron por un cambio de régimen mantienen las expectativas de que las autoridades del gobierno estatal respondan por los múltiples señalamientos que apuntan a configurar un caso escandaloso de corrupción que implica dejar las arcas estatales en virtual situación de quiebra que se ha venido manifestando a través de la retención de recursos federales a ayuntamientos; disposición abusiva de la Reserva Técnica del IPE; múltiples adeudos con proveedores, prestadores de servicios, productores del campo y deportistas becarios; incumplimiento acumulado del subsidio a la Universidad Veracruzana; y endeudamiento técnicamente insostenible y destino desconocido de los fondos públicos.

Si cuando este artículo se publique ya se conociera el nombre del nuevo fiscal Anticorrupción en Veracruz, a partir de ello se calcularán las posibilidades de evasión e impunidad que acompañaran la salida del actual gobierno por la puerta de atrás, y el hedor que dejará será perceptible a gran distancia. Si éste resultó ser el abogado Francisco Portilla Bonilla, entre tantas sospechas de su incondicionalidad hacia el Ejecutivo estatal se encuentra el hecho de que siendo secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública nunca convocó a reuniones de trabajo y al desarrollo de las funciones del pleno del Observatorio Ciudadano para la Seguridad y la Justicia del Estado de Veracruz, constituido por observadores ciudadanos y representantes institucionales; como tampoco lo hizo en su momento Jorge Uscanga Escobar y mucho menos el siempre servicial Juan Antonio Nemi Dib, en lo que ha sido una tomadura de pelo respecto a la responsabilidad de monitorear, analizar y difundir de los asuntos cruciales en materia de seguridad pública.

Volviendo a los latrocinios, si el expediente negro no es atraído por las distintas autoridades anticorrupción y se decide que no constituye materia suficiente para fincar un caso de investigación, consignación y castigo, entonces el único poder que puede garantizar la ruta de fuga a Javier Duarte y su gabinete es la presidencia de la república, con todas sus letras y el águila del escudo nacional por delante. Y como por arte de magia los veracruzanos verán desaparecer ante sus ojos decenas de miles de millones de pesos provenientes de impuestos, derechos y productos. Este es el reto para el actual gobernador electo: deshacer el nudo procedimental y activar las instancias necesarias para aplicar la ley, sin más. O pedir prestada la caña de pescar a su primo Héctor Yunes, aquella que le regaló el gobernador Duarte en su cumpleaños; aunque más bien necesitará un barco ballenero.