Política

Vigilia ciudadana

junio 24, 2016

Los hechos de Nochixtlán son inaceptables. Se suman a una demasiado larga secuela de acontecimientos que no han sido satisfactoriamente explicados y sancionados, entre los que en los años recientes se encuentran Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, San Fernando y los numerosos homicidios y desapariciones forzadas en Veracruz y Tamaulipas, por citar unos cuantos ejemplos que no terminan de dar cuenta del horror que padece la población civil. Debido a eso es que periódicamente se repiten, siempre con saldos que vuelven a indignar al país y desacreditarlo aún más ante la opinión pública internacional. Vivimos un Estado de práctica barbarie, donde la vida no vale nada.

No creemos, ni creeremos, los resultados de una investigación emprendida por el gobierno en este nuevo caso. Ni tampoco en las promesas de llevar a juicio a los responsables. Los sucesos mencionados arriba y sus consecuencias se encargan de demostrarlo fehacientemente. Aún con compromisos internacionales suscritos para que comisiones de expertos coadyuven con procesos de investigación, como el sonado caso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para esclarecer los hechos de Ayotzinapa, el metabolismo del sistema corrupto y corruptor existente se ha encargado de poner trabas, alterar evidencias y sembrar culpables para evitar que cumplieran su misión. Es en palabras de Magdalena Gómez, todo un cuadro de impunidad sistémica. ¿Cómo podemos suponer que ahora será diferente?

La estrategia es siempre la misma: a) negar los hechos; b) refutar responsabilidades gubernamentales; c) descalificar la evidencia que los desmiente; d) culpar a injerencias extrañas y victimizarse; e) introducir distractores en las redes sociales; f) desplegar una campaña de medios que justifique sus acciones y confunda a la población tornando opacas las responsabilidades; y g) ofrecer una investigación imparcial y expedita para castigar con todo el peso de la ley. ¿Cómo podemos creerles?

Necesitamos poner en marcha una vigilia ciudadana para impedir que este nuevo caso vuelva a quedar impune. No podemos permitir la fabricación de responsables imputando sólo a quienes cumplían órdenes superiores y menos aún, incriminando a las víctimas. Es preciso esclarecer toda la cadena de mando de la policía estatal y federal, para saber quién o quiénes ordenaron disparar. La cadena de principio a fin.

Una insurrección civil por crispada que sea no puede pretender controlarse disparando contra la multitud. Es criminal. Incluso el uso de la fuerza como recurso extremo debe sujetarse a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, evitando violaciones al derecho a la vida y la integridad, como señala el comunicado de la ONU-DH en relación con este incidente.

En cualquier otro lugar del mundo civilizado esto ya hubiese tenido consecuencias a nivel del gobernador del estado y de quienes se encargan a nivel federal de la seguridad interna. Aquí no. Las autoridades hacen mutis, alargan las cosas confiando en que el tiempo cura todo y dejan pudrirse los procesos mientras crece el resentimiento social. Es su peculiar manera de gobernar. También debería haber consecuencias para quien ha generado este problema por su comportamiento antipolítico y obsesiva tozudez: el secretario de Educación.

Los grupos en el poder se ilusionan en que la memoria colectiva es muy corta y que un nuevo acontecimiento deportivo, artístico o algún escándalo mediático desviará la atención pública. No entienden nada. Son refractarios a aprender de la experiencia. Por eso, resultados como los del 5 de junio pasado les caen de sorpresa, incluso a los que ganaron. El país está evolucionando rápidamente hacia una situación de gran desesperación y los grupos gobernantes sólo siguen pensando en postergar decisiones. O en desnaturalizarlas como está ocurriendo con la ley 3 de 3.

Después de ver cómo individuos como Tomás Zerón, Javier Duarte, Humberto Moreira, César Duarte y Rodrigo Medina, por citar sólo unos cuantos, contra los que existen pruebas documentales de sus felonías permanecen en sus puestos o se han ido a sus casas sin ser molestados por la autoridad, uno no puede creer en la justicia en este país. Esta se aplica a discreción según el criterio de si eres amigo o enemigo definido, no como distinción específica del concepto de "lo político", como señala Carl Schmitt, sino por la pertenencia a la propia red de complicidades e impunidades. Eso no es justicia.

No podemos permitir más esto. Nunca más. Instalemos una vigilia ciudadana utilizando las redes y todos los recursos a nuestro alcance para estar alertas, para denunciar, para cuestionar, para ejercer presión, para deslindar claramente lo que a cada quien corresponda, para evitar que otra vez vuelvan a eludirse las responsabilidades criminales de los miembros del gobierno que se encuentran implicados.

*Académico del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana.

edgargonzalezgaudiano.blogspot.mx