Política

Seguridad y responsabilidad ciudadana

abril 17, 2016

En el contexto de los eventos de alto impacto que han revelado –subrayado– falencias serias en materia de seguridad y procuración de justicia, el candidato del PRI a la gubernatura, Héctor Yunes, puso sobre la mesa de discusión la necesidad de reconsiderar la permanencia del actual fiscal general, Luis Ángel Bravo Contreras.

El actual fiscal fue designado interino en el puesto por el gobernador del estado, luego de que Amadeo Flores renunciara al cargo en febrero del 2014. Tiempo después fue ratificado por el Congreso a propuesta del propio gobernador.

En este tiempo se han dado dos casos de desapariciones forzadas de jóvenes veracruzanos –primero en Tierra Blanca, luego en Papantla–; el aviso sexual a una menor hace más de un año que ha tomado relevancia reciente en los medios, precisamente por la inacción de la Procuraduría en contra de los indiciados; la búsqueda de fosas clandestinas por ciudadanía organizada, a las que se les retira la protección policiaca y con quienes la Fiscalía endereza una dudosa discusión sobre la naturaleza de los restos encontrados.

Independientemente del sentido de la oferta política del candidato priísta, la situación del estado en materia de seguridad ciudadana y certidumbre en la procuración de justicia es calamitosa y, por consiguiente, es un aspecto de gobierno que debe ser entendido y reconocido por el gobierno y por los actores políticos.

Toca a los tomadores de decisiones resolver una situación que ha crecido en complejidad y deterioro. Las razones valorativas del por qué esto ha sido posible corresponden a los ciudadanos. Lo mismo el actuar en consecuencia.