Sociedad y Justicia

Desapariciones son "una plaga"; de Veracruz puede CIDH atraer casos

marzo 08, 2016

Al señalar que las desapariciones de personas se han extendido como una plaga y son una verdadera desgracia, el ex presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Sergio García Ramírez, también dijo que los indígenas que sean afectados por el despojo de tierras ante la reforma energética, pueden encontrar un doble amparo, uno ante tribunales federales y un amparo vía internacional, ante la CIDH.

Con la reforma energética y el despojo de tierras se pudieran afectar derechos ancestrales, derechos tradicionales, para eso sirve el procedimiento de consulta a las comunidades a efecto de que no se impongan decisiones sino se convengan en relación con el uso de la tierra y el aprovechamiento de los recursos naturales, sostuvo el investigador de la Universidad Autónoma de México.

En entrevista, tras disertar la conferencia "Aspectos destacados de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos" en la facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, sostuvo que ante un despojo de tierra se puede encontrar un amparo ante tribunales federales y eventualmente pueden encontrar un amparo por la vía internacional, por parte de la Comisión o de la CIDH.

El jurista refirió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha tenido conocimiento de algunos casos no mexicanos sino planteados en otros países, que tiene que ver con este tema de los indígenas en Paraguay, Nicaragua y Ecuador, entonces es conveniente consultar la jurisprudencia de esos otros casos para ver cuál es el criterio tratándose de tierras de los pueblos indígenas, "no es un terreno baldío, ahí hay criterios internacionalmente establecidos y aceptados por el Estado mexicano".

En otro tema, señaló que las desapariciones forzadas en México y muchos países de América Latina "son una plaga y una verdadera desgracia", en los que la CIDH podría atraer casos de desapariciones forzadas en Veracruz.

Consideró que el Estado mexicano tiene que investigar y esclarecer esos casos, como el de Radillo, que es también desaparición forzada, entonces la orden es investiga, aclara y sanciona.