Política

La incierta seguridad

marzo 08, 2016

En los estados democráticos, la seguridad pública es un factor del bienestar social y la calidad de vida. Una cultura democrática no se concibe sin que el concepto de seguridad pública trascienda la prevención y persecución del delito, a favor de un entendimiento de salvaguarda y garantía de todos los derechos humanos.

Hace mucho que la seguridad pública dejó de ser un asunto de policías buenos que persiguen delincuentes malos, para ser un sentimiento colectivo, un estado social que pese a ser difuso, está enraizado en el quehacer cotidiano de la sociedad o comunidad específica.

Remite a la forma en la que la convivencia social se desarrolla en un espacio temporal más o menos amplio. Como derecho humano, la seguridad pública tiene todos los atributos que cualquiera de los otros derechos. Esto es, es universal, con contenidos claros exigibles frente al Estado, y éste es responsable de los contenidos u operación de las fuerzas encargadas de salvaguardarla. Es decir, el derecho a la seguridad pública implica, en oposición al Estado, el derecho individual a la protección de la persona y sus bienes. El Estado tiene la obligación de detener a quienes cometen delitos.

Así pues, se entiende como la garantía fundacional que brinda el Estado para el libre ejercicio de los todos los derechos humanos de los ciudadanos.

Cuando esto falla de modo consistente y sostenido, falla el Estado democrático o la pretensión de simularlo; porque la función de la seguridad pública supone el auténtico resguardo de los derechos como premisa sin la cual, el Estado democrático es simulado o, en el mejor de los casos, fallido, porque el ejercicio pleno de los derechos humanos esta simbióticamente relacionado con la forma mediante la cual, la sociedad es capaz de enfrentar las violencias que se dan en su seno. Éstas siempre son multicausales. La búsqueda de una sola causa o una sola dimensión y el enfrentamiento para contenerlas ha llevado a la formulación de soluciones simplistas e inefectivas. Que es lo que ha sucedido en el país desde 2004.

En México, la toma de decisiones en materia de seguridad pública se ha distinguido por su improvisación, por su incapacidad de evaluarse y corregirse, por ser reactivos, atomizados e improvisados, además de restrictivos y repelentes a la participación y críticas ciudadanas.