Algunas piezas en el tablero
febrero 06, 2016 |

Durante su tiempo, el gobierno del estado ha establecido y desarrollado diversidad de diferendos con distintos actores sociales y políticos. Algunos de ellos han sido procesados en modos bastante atípicos y muchos de esos procesamientos han resultado en el escalamiento o complicación del conflicto, antes que en su solución. La lista es vasta y está impresa en la memoria colectiva.

El que nos ocupa, el diferendo entre el gobierno y la Universidad Veracruzana, es sustantivo de consecuencias severas –no pocas de ellas irremediables– a corto, mediano y largo plazos. Dicho en breve, la Universidad Veracruzana se ahoga. Y se ahoga porque no ha recibido la ministración de recursos que debió haber recibido hace muchísimo tiempo.

Este gobierno nació bajo la amenaza de la calamidad financiera, aunque la situación ha cambiado de manera sustantiva. Se ha complicado significativamente. La estrechez y los vacíos financieros siguen pero ahora la deuda pública de dimensiones oceánicas.

En ocasiones anteriores, cuando el gobierno tenía un conflicto con el magisterio, conflicto aún no resuelto, por cierto, hizo uso de la fuerza para desalojar a quienes protestaban. A lo largo del sexenio, el conflicto con los jubilados –bastante más complejo que el mero retraso de los pagos–, y algo de suyo muy grave ha sido una constante característica del régimen. El 23 de diciembre, los jubilados y pensionistas que hacían visible su situación con la toma de una calle fueron desalojados, también con el uso de la fuerza. Ambos casos resultaron onerosos para la imagen pública y política de la administración.

Desde hace bastante tiempo se gesta un diferendo adicional con la Universidad Veracruzana. Se argumentó hace poco que el gobierno no tenía obligación al respecto. Las críticas, por ello, han sido abundantes y documentadas por parte de diversos observadores calificados.

El escalamiento llevó a que las autoridades universitarias denunciaran penalmente al gobierno veracruzano. Por su parte, el gobierno le reclama a la Universidad que ésta le debe la friolera de punto menos 3 mil 34 millones de pesos y hace público el reclamo en una carta dirigida a la rectora, en el portal del propio gobierno.

Es un argumento completamente polarizado de manera desigual. Por un lado, la opinión y argumentos gubernamentales, y por otro, las de las autoridades universitarias junto con las del resto de la sociedad veracruzana, buena parte de la opinión pública nacional y el resto de las universidades del país. Uno tiene la fuerza, otro la simpatía de la comunidad universitaria y la sociedad, parte muy significativa de la comunidad académica nacional e internacional y desde luego el de la sociedad veracruzana.

Parece imperativo bajar la tensión del conflicto. La sociedad ha sido agraviada con violencia, desesperanza, crisis. Los argumentos son confrontados sobre la base de experiencias previas y esto se configura en tiempos preelectorales. Bajo cualquier consideración, el escalamiento del conflicto es desaconsejable. Siempre lo es, para eso es la política. Pero las bases de confianza mínimas para la política se agotaron y habrá que reconstruirlas.

Seguir por este sendero llevará con seguridad a la exacerbación del enojo y a la manifestación de la protesta. Bajo cualquier circunstancia eso multiplicaría las probabilidades de enfrentamiento y uso de fuerza. En ese escenario sólo habrá un culpable frente a los ojos del mundo. El gobierno.

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