Política

El monopolio weberiano

enero 25, 2016

La violencia suele tener múltiples rostros; todos ellos perturbadores e inaceptables. Explicar su naturaleza debiese contribuir a contenerla en los márgenes mínimos que garanticen la coexistencia humana. Reducirla a la caricatura de un patrón cultural, tal como el presidente Peña Nieto concibe a la corrupción; o centrarla en sus perfiles patológicos individuales, sustraen los factores fundamentales que determinan su índole social. Es decir, los actos violentos, su carácter transgresor, su perfil delincuencial y las rupturas que provoca en el tejido social son asuntos de orden sistémico que involucran no sólo las decisiones de los sujetos e instituciones, sino las posibilidades que éstas tienen de evadir una responsabilidad de carácter público cuando calculan que el nivel de impunidad les puede favorecer.

En pocas palabras: el régimen jurídico y las instituciones de seguridad del estado deben funcionar racionalmente, de tal manera que hagan prevalecer los principios fundantes de la libertad y los derechos humanos en una sociedad moderna y democrática. Esto se ha dicho hasta la saciedad bajo el actual contexto de descomposición política del régimen priísta y sus secuelas de violencia focalizada; pero nada se ha hecho para restablecer o, acaso, apenas crear la pieza maestra de la cohesión social: el estado de derecho. Su debilidad o ausencia lo convierten en un factor prescindible en cualquier nivel de gobierno, desde el federal hasta el municipal, con las consecuencias funestas que esto ha provocado en la sociedad mexicana.

Este preámbulo, para no extraviarse en los múltiples relatos de la violencia, permite abordar un acontecimiento lamentable: el uso de la fuerza pública –innecesario, excesivo, cobarde– para desalojar a los jubilados que reclamaban al IPE, semanas atrás, el pago de su pensión, el aguinaldo y otras prestaciones pendientes. La agresión sufrida por los manifestantes –en pequeño número y muchos de ellos de la tercera edad– fue suficientemente evidenciada y quedaron testimonios incuestionables de la misma.

Lo que vino después resultó tan lamentable como predecible. El maestro. Luis Fernando Perera Escamilla –por cierto, miembro del inoperante Observatorio Ciudadano para la Seguridad y la Justicia en Veracruz– hizo acto de presencia en el momento de la acometida de los policías estatales quienes, torvos y sin vergüenza alguna, blandieron sus macanas, garrotes y escudos contra ciudadanos particularmente vulnerables, pero con la misma displicencia se retiró. Un joven policía arremete sin control contra un señor que bien le triplica la edad; mientras, en algún rincón de palacio de gobierno, el encargado de la política interna debe estar limándose las uñas al ser informado del exitoso operativo.

La indignación por el atropello se prolongó a la posterior protesta de los miembros de organizaciones de jubilados que se presentaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para exigir la intervención de este organismo. Nadie conoce, hasta el momento, pronunciamiento alguno de la CEDH, mucho menos de alguna recomendación emitida a las autoridades responsables.

El gobernador Javier Duarte ofreció efectuar una investigación "a fondo", a sabiendas de saber a dónde conduce ese expediente: a la nada. Porque se puede imaginar al gobernador instruir a su secretario de gobierno –quien reconoció sin pudor haber dado la orden– para investigar el caso que implicaría al Procurador de Justicia del Estado y al Secretario de Seguridad Pública. Un auténtico carrusel de abusos, ineptitudes y desacatos ante el reclamo social que se cubren con el velo de declaraciones cantinflescas.

No tiene sentido especular el porqué, desde las policías hasta las agencias de inteligencia, en casi cualquier parte del mundo, actúan bajo la lógica de represión selectiva, previo entrenamiento que incluye disciplina, obediencia ciega, sentido de autoridad incuestionada, incapacidad de reflexión, cero consciencia e insensibilidad. Reducida así su inteligencia al grado de sólo poder emitir conductas primitivas, los cuerpos de seguridad dejan de ser dispositivos de protección ciudadana y salvaguarda de la seguridad nacional y se convierten en aparatos represores del y para el estado.

La máxima weberiana que atribuye al estado el monopolio de la violencia institucionalizada resulta el argumento perfecto en regímenes políticos autoritarios. No se trata de una frase hecha o de una sentencia intimidatoria; pero lo cierto es que Max Weber no se imaginaba lo que podría hacer esta clase de políticos déspotas y sátrapas con tal elemento normativo. Más bien habría que pensar en contrapesos efectivos para la intervención de la fuerza pública, ya que de lo contrario su presencia en las calles se somete al criterio discrecional de cualquier funcionario primate –con perdón de los primates– que desde un escritorio emite órdenes violatorias carentes de legitimidad alguna.

Si todo lo anterior sucedió apenas hace algunas semanas, también súmese una segunda declaración de la Universidad Veracruzana donde reporta que nada se sabe de los avances de la investigación en el caso de los jóvenes universitarios agredidos el pasado cinco de junio y, al filo del despeñadero gubernamental, se encuentra pendiente la localización con vida de cinco jóvenes detenidos, agredidos y desaparecidos en Tierra Blanca por elementos de la policía estatal.

Así, la suerte de cualquier ciudadano admite la posibilidad de ser objeto de una desaparición física como simple acto de exterminio. Existen siete detenidos por la fiscalía estatal, cuatro de ellos ya consignados, pero sin la presencia de los cuerpos del delito. Sucede como en Iguala, donde existen ciento trece detenidos y cuarenta y tres estudiantes extinguidos de la faz de la tierra. Cuentas macabras que son como el más lamentable ejemplo de violación a los derechos humanos con una altísima cuota de responsabilidad de las instituciones de seguridad.

Los impredecibles arrebatos de violencia no son privativos de las corporaciones policíacas o de las instituciones militares. Basta una percepción de poseer cierto poder asociada a una mínima complicidad en los niveles de mando para hacer uso de la fuerza ante situaciones que no lo ameritan. Así se puede explicar, entonces, la agresión cometida por el diputado y propietario del equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz, Fidel Kuri Grajales, en la persona del ex árbitro Edgardo Codesal en los palcos del estadio Luis "Pirata" Fuente. Cuando el ilustre legislador se inclina sobre el comisionado y lo tira del cabello, al fondo aparece la fotografía del gobernador Javier Duarte, objeto de veneración y testigo mudo de la acción de quien se ostenta como inconcebible tribuno en la actual legislatura federal, cuando más bien parece cadenero de un antro de quinta.

El gobernador Javier Duarte y los demás priístas veracruzanos, asediados y sintiéndose ofendidos, bien podrían solidarse con Fidel –incluyendo al preclaro cónsul en Barcelona– y subir a las redes sociales el hashtag #todos somos Fidel. También, como expresión de la unidad partidista proclamada por el impoluto delegado del PRI, Manuel Cavazos Lerma, previa al nombramiento del candidato a la gubernatura, y como prueba de que comparten hasta el ADN, se sugiere #todos somos Moreira.

Mensualidad, aguinaldo y otras prestaciones del mundo actual reclaman, desde hace semanas.

Todo lo anterior, ¿acaso puede justificarse como un error frente a noventa y nueve éxitos? Ni estrategia preventiva del delito; ni acción policíaca disuasiva; ni investigación ministerial efectiva; ni consignación y sentencia, caracterizan a las instituciones de seguridad estatal. Esta combinación oprobiosa genera, cada vez más, víctimas directas e indirectas que esperan una procuración de justicia que nunca llega.