Política

Feminicidio de una sexoservidora menor de edad exhibe indiferencia oficial en Orizaba

febrero 19, 2014

Orizaba, Ver.- Con el homicidio de una trabajadora sexual menor de edad esta región se coloca como una de las de mayor riesgo para el ejercicio de la labor, pero además se considera que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) discrimina las investigaciones por el sólo hecho de tratarse de personas que se dedican a esta actividad.

La violencia en contra de las mujeres cada vez es más latente, considera María de la Cruz Jaimes, dirigente del colectivo feminista Cihuatlactolli, y a la vez señala que a las organizaciones no gubernamentales les preocupan cada vez más los homicidios en contra de las trabajadoras sexuales.

Acusa que organizaciones que se dedican al activismo social, “tenemos tiempo de denunciar hechos de esta naturaleza pero a pesar de ello, siguen sucediendo”; condenó el asesinato de una menor de 17 años que era trabajadora sexual y que el fin de semana pasado fue ultimada en un hotel de paso.

“En el asesinato detuvieron al responsable pero como colectivo nos preocupa que vaya a salir en libertad fácilmente”, es lamentable, continúa, que los feminicidios y en general las agresiones en contra de las y los trabajadores sexuales sean temas que no se esclarecen del todo, la Procuraduría de Justicia no les presta mucha atención. Las autoridades no le ponen el énfasis necesarios para que los casos se resuelvan. Nos dejan sentir que la impartición de la justicia no es equitativa”.

El reclamo es generalizado para que las mujeres tengan justicia y a la vez se genere una cultura de justicia, que se pueda confiar en las instituciones, creer en ellas, “porque actualmente no hay esa sensación, no podemos hacerlo”, sostiene.

Sin cifras, señala que en los años recientes en la región son bastante los casos de mujeres que han fallecido a consecuencia de agresiones físicas. Es un número importante, los hechos ocurren tanto en la ciudad como en los municipios conurbados y más en los municipios de las zonas rurales.

El problema además es que el esclarecimiento de estos crímenes es un trámite bastante burocrático, pero además los familiares deben enfrentar largos procesos y muchas trabas para que primero les entreguen el cuerpo y todavía para que se inicie el proceso judicial y se proceda en consecuencia.

Generalmente se producen gastos económicos que los familiares difícilmente los pueden cubrir, “las autoridades deberían de apoyar a la agilización de los trámites y sobre todo que no sean tan cargados en los gastos económicos”, afirma.

Por otro lado dijo que en la zona de Orizaba sí hay menores de edad que ejercen la prostitución, “hemos denunciado este tipo de hechos, pero no hay una dependencia o institución que responda a ellos”. La muerte de esta menor de edad se produjo a consecuencia de heridas con arma blanca, “ella trabajaba en un bar y en la calle. Ella dejó a una menor de edad de tres años en el desamparo”.