Política

Migrantes, imprecisión conceptual

agosto 24, 2013

El principio que subyace en el concepto “atención a migrantes” tiene contenidos esencialmente humanitarios. Las razones de ello se fundamentan en la convención y los muchos acuerdos firmados por México sobre el tema; tanto desde la condición del país como expulsor de población, como desde su condición de receptor de población de países centroamericanos en tránsito hacia Estados Unidos. En 1990, México firmó la resolución 45/158 de las Naciones Unidas; esto es, la convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Desde entonces, los gobiernos mexicanos, priístas y panistas, comparten el mismo doble discurso. Apelan eventualmente a argumentos humanitarios cuando se trata de mexicanos que tienen la mira de pasar al otro lado de la frontera norteamericana, pero aplican políticas que han sido calificadas fascistas cuando se trata de centroamericanos que ingresan ilegalmente a territorio nacional.

La inhumanidad del trato que las autoridades mexicanas de migración dispensan a los hermanos centroamericanos ha sido puntual y repetidamente señalada tanto por organizaciones no gubernamentales de plena solvencia, Amnistía Internacional, como por relatores del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos.

Precisamente ayer el representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU por los Derechos Humanos señaló con claridad que en México simplemente no tiene estadísticas para determinar las violaciones a los Derechos Humanos. La incompletitud de los sistemas institucionales que deberían medirla y portar datos pareciera deliberada.

Testimonio de ello es lo dicho por la titular de atención a migrantes en el estado, Claudia Ramón, quien dice que su dependencia no tiene registro ni datos si existen ataques del crimen organizado en contra de migrantes centroamericanos toda vez que “mi dependencia es humanitaria”.

Bien haría la funcionaria en elaborar con seriedad sus argumentaciones. La condición “humanitaria” no es excluyente de la sistematización de datos, para empezar.

Hace casi 10 años (1998) que tal oficina tiene a su cargo vigilar la situación de los emigrantes del estado de Veracruz, así como brindar atención y asesoría a las necesidades de los mismos y familiares. Ello implica tareas proactivas como la recopilación y sistematización de datos útiles para alimentar los procesos de toma de decisiones gubernamentales. No meramente actividades altruistas gubernamentales. La funcionaria afirma que puede hacer nada respecto a la barda que contruye Ferrosur para aislar las vías porque es propiedad privada. Puede serlo, pero está en territorio nacional y si vulnera derechos humanos de los migrantes ello supone la intervención activa de la funcionaria quien entender su función como una actividad altruista fuera de la estructura gubernamental. Entre la frase “les apoyamos con víveres y trabajamos en la red institucional formada por gobierno del estado y sociedad civil…” y el compromiso intachable de Las Patronas providenciales la diferencia es abismal. Las Patronas son mujeres que cocinan y se ponen a la vera del paso de la Bestia para aliviar el hambre centroamericanos que pasan. Eso es humanitarismo práctico. También lo es el compromiso del padre Solalinde y los sacerdotes franciscanos.

En la tarea de la funcionaria hay, en efecto, una presuposición humanitaria. Ésta no excluye la tarea elemental de procurar la sinergia institucional para sistematizar datos estadísticos. Si no se entiende así, hay serias razones para inquietarse. Significaría llanamente, por ejemplo, que hoy no existe una política pública medible y evaluable sobre un tema que hace años defina y proyecta una imagen harto deficitaria del Estado.