Ayer en El Universal una nota de Doris Gómora difundió algunos datos del académico e investigador de las Naciones Unidas, Edgardo Buscaglia, que demuestran al presidente Felipe Calderón que sus afirmaciones respecto a que “vale la pena” la guerra contra el narco significan nada excepto, tal vez, la búsqueda de justificación de sus desastrosos tres años y medio en el gobierno.

En el tiempo que lleva Felipe Calderón en la Presidencia, las organizaciones criminales mexicanas han crecido en 735 por ciento su presencia de bienes patrimoniales, listados como de su propiedad en Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia. Más la porción de los que aún no se se sabe.

En cualquier metodología contable, tal crecimiento no puede ser sinónimo de desesperación, acotamiento o pérdida de la iniciativa, como lo ha planteado en diversas ocasiones el gobierno federal.

Es obligado preguntarse si el exponencial crecimiento no se debe precisamente al tipo de política instrumentada por el gobierno de FCH que consistentemente se niega a hacer el trabajo de inteligencia que le permita incidir en las ganancias de las empresas criminales y, por el contrario, se empecina en el enfrentamiento físico, cuyo resultado evidente ha sido el de desatar el horror.

A 44 meses de haberse hecho con el poder, México es el principal destino del comercio ilegal de efedrina y pseudoefedrina, lo que desde luego no puede significar ninguna disminución de actividad de las empresas criminales. Luego, cuando Calderón dice que “la razón de esta lucha eres tú y tu familia”, apela al chantaje moral para justificar una larga cadena de desaciertos continuados que han bañado al país en sangre.

Felipe Calderón le dice al ciudadano que su denuncia es clave para continuar la lucha, le pide confiar, pero sucede que la realidad demuestra que las estructuras gubernamentales están cooptadas por las empresas criminales. El caso de Durango es paradigmático.

En el colmo del simplismo, el mes pasado el presidente Calderón decía que cuando tomó posesión, las organizaciones criminales “empezaron” a meterse con la gente y que eso no podían permitirlo. Era, dijo, urgente actuar con firmeza para defender la vida y el patrimonio de los mexicanos. Justificatorio y falaz afirma que “hubiera sido fácil ignorar el problema... pero el deber de todo gobierno es proteger a los ciudadanos y respetar y hacer respetar la ley”. Sólo que su gobierno ni protege a los ciudadanos ni respeta la ley. De otra forma no se explican la cantidad de quejas en la CNDH contra militares. En 15 años (1990-2005) hubo 3 mil 452 quejas por abusos de personal castrense. De 2006 a 2010 van 4 mil 35, según reconoce la propia Sedena a la que el PAN alaba por su “apertura”.

Las cabezas del gobierno parecen incapaces de entender que las empresas criminales están ya en fragmentos del Estado Mexicano y en secciones legales de la actividad económica. Lo que significa que forman parte del Estado.

Y frente a la tragedia de ingobernabilidad en Durango, la calamitosa Chihuahua sigue absorbiendo motivos de angustia. Hace menos de 15 días que un sobrino del gobernador electo de Chihuahua, César Duarte, fue ultimado presumiblemente por el crimen organizado en la capital del Estado. Ayer asesinaron a otro sobrino en Parral. En los últimos tres años entre 7 y 9 mil juarenses han cambiado su lugar de residencia a El Paso debido a la inseguridad. Cómo puede Felipe Calderón decir que su política es por la tranquilidad de los mexicanos. Ciudad Juárez vive en estado de sitio virtual.

En Durango capital, por la mañana de ayer, la ciudad amaneció con la macabra sorpresa de ocho decapitaciones a las salidas de las carreteras Durango-México, Durango-Parral, Durango-Mazatlán y Durango-Gómez Palacio. En el transcurso de la misma mañana de ayer se dió a conocer la desaparición, desde el lunes, de cuatro periodistas.

No hay aspecto del gobierno de Felipe Calderón que no sea ominoso. Desde el precario estado de la economía que sirve como argumento de fondo para justificar burlar a jubilados del IMSS la mitad de su pensión de retiro, hasta el insuficiente reconocimiento de la Sedena respecto al número de quejas contra ella en la CNDH que, por lo demás, luego de la indiferencia y refracción a reconocer nada por parte del Ejército, lo más probable es que la tibia aceptación del número de denuncias contra él obedezca mucho más a la presión del Senado de los Estados Unidos que a la gana de hacerlo por parte del gobierno. Para no variar, el acto de contrición gubernamental es mera simulación porque no menciona ni reconoce nunca el imperativo de reformular el artículo 57 del Código de Justicia Militar para que sean los juzgados civiles los que se encarguen de las denuncias de violaciones militares contra la población civil.

Así como quienes aspiran a gobernar este país maniobran en tiempos y medios, llámese Peña Nieto, Marcelo Ebrard o López Obrador, hoy es el tiempo de los ciudadanos. A varias organizaciones no gubernamentales, grupos de interés, asociaciones e individuos, más nos valdría articularnos en un movimiento tal que obligue, antes de las próximas elecciones presidenciales, a replantear la distorsionada relación entre la así llamada clase política y el resto de la sociedad de a pie. El desencanto de la malograda transición hace 10 años, la degradación de instituciones que ya habían sido ciudadanizadas, el escamoteo de la condición de ciudadanía que hoy hacen los partidos políticos al erigirse en filtro y acotación del interés y aspiración civiles, además del alejamiento deliberado que hacen los partidos de los procesos de toma de decisiones hace un imperativo que la sociedad se habilite a sí misma para obligar a su reconocimiento pleno. El riesgo de no hacerlo será altísimo, como lo demuestra el hecho de que Felipe Calderón Hinojosa haya podido llegar a Los Pinos.

Es imperativo que los partidos políticos no negocien e impongan, como hicieron la vez anterior, negociando entre ellos las “cuotas” de representación partidartia entre consejeros ciudadanos. El llamado de Sergio Aguayo para una movilización ciudadana vigilante del proceso de toma de decisiones en el IFE –entre partidos políticos– para renovar consejeros es del todo pertinente.

*Es Cosa Pública

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