La coincidente aparición de infinidad de escuelas particulares ofertando toda clase de licenciaturas y carreras técnico-profesionales en los últimos años no es casual, por el contrario, es producto directo de una estrategia nacional tendiente a la privatización de las universidades y de la educación pública y es la respuesta a la inexplicable circunstancia de la concentración, en poquísimas manos, de las decisiones sustantivas de planes y la política educativa estatal durante los últimos 13 años.

Viene de la mano con el giro que desde 1997 sufrió la planeación y la conducción de la UV desde donde Víctor Arredondo Álvarez, actual secretario de Educación, ha construido cada vez una mayor y compleja red de complicidades y negocios estructurados alrededor de la cuestión educativa, cuyo desarrollo es fácil de seguir a partir de su trayectoria profesional.

Arredondo se formó en la más pura expresión del neoliberalismo y tuvo en el sexenio de Ernesto Zedillo inmejorables oportunidades para acrecentar su capital de relaciones que comenzó a fraguar desde su inclusión (1988-1997) en la Secretaría de Educación Pública (SEP) durante el gobierno de Carlos Salinas, en el que ocupó las direcciones de Desarrollo Universitario y la General de Educación Superior.

Según el currículum que aparece en la página de la SEV, “destaca su función como secretario técnico de la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior, Conavea (1989-1992), en la que coordinó el diseño de una estrategia nacional y de las instancias correspondientes para evaluar el desempeño de estudiantes (Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Ceneval), programas académicos (Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, CIEES) y de las propias instituciones (autoevaluación institucional).
También destaca su aportación en el gobierno federal para diseñar mecanismos alternativos de financiamiento público basados en el desempeño institucional (Fondo para Modernizar la Educación Superior, Fomes), todavía en operación, y que hoy se denomina PIFI”.

Abunda la página electrónica mencionada: “como secretario de Educación de Veracruz creó y desarrolló el Proyecto Vasconcelos, que le hizo merecedor del premio Acceso al conocimiento 2008, que otorga la Fundación Bill & Melinda Gates, por su concepto innovador en el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación para mejorar la calidad de la educación y hacerla llegar mediante unidades móviles a las comunidades marginadas. Esa misma visión acerca de la aplicación de las tecnologías de vanguardia a la educación llevó a la Unión de Empresarios para la Tecnología en la

Educación (Unete) a otorgarle la presea Max Shein al compromiso con la educación (2008)”.

Como se aprecia, el secretario de Educación estuvo metido de lleno desde su inicio como proyecto tanto en el diseño como en la inserción –a chaleco– posterior del Ceneval como instrumento de control político de las universidades y en especial como un gran negocio en el que tiene participación como socio el propio Bill Gates.

De ahí se entiende el “reconocimiento” de la fundación que lleva el nombre del matrimonio Gates que por sí mismo no sirve para explicar la presunta utilidad pública de la cuantiosa inversión en los costosísimos camiones Vasconcelos, o que éstos hayan volcado la triste realidad educativa en las comunidades campesinas alejadas del “progreso y del bienestar del estado benefactor”.

Más bien se trata de la confirmación, por otro lado, de la tesis que sostiene el maestro Hugo Aboites, catedrático de la UAM, quien desde inicios de la década de 1990 ha dado seguimiento al proceso privatizador de la educación puesto en marcha con la firma del TLC y que tiene como eje la constitución de una política nacional de evaluación que, a su vez, dio origen primero al Ceneval y posteriormente a otras agencias privadas certificadoras, entre ellas las responsables de la prueba Enlace.