Editorial

Madurez

noviembre 19, 2019

Hace por lo menos tres gobiernos al hilo que la sociedad civil veracruzana ha tenido que encajar el costo de la ignorancia supina de sus gobernantes. Particularmente en materia de seguridad púbica. La cantidad de horror vertido en el estado durante casi cinco lustros es casi extravagante; cosa que se intensifica, además, con la ineficiencia crónica de los sistemas burocráticos para atender a las víctimas de delitos.

De ahí la disonancia entre la sociedad y las instituciones de seguridad pública y de justicia. La desconfianza, la descalificación. No poca cosa, vistas las resistencias ciudadanas para denunciar delitos y comportamientos antisociales a cualquier nivel, mucho más cuando por el nivel local trasciende públicamente.

Incluso en malos tiempos como los de los décadas recientes, la sociedad encuentra formas afortunadas y creativas para compensar en incluso corregir la indefensión en la que queda por la ineficacia de la autoridad. Ahí está el caso de la iniciativa estudiantil universitaria de abrir un espacio en redes sociales con el propósito específico de ser el medio de visibilizar y disuadir a los acosadores sexuales dentro del campus. La iniciativa surge después de años de denunciar la situación y solicitar a las autoridades poner remedio.

Otro caso, menos terso, sucede en el centro del estado donde la comunidad vecinal detiene y humilla a quienes al parecer habían robado a un vecino y secuestrado a su hijo. La comunidad se organizó dio con los delincuentes, los detuvo y les aplicó una severa reprimenda física. Fueron liberados por la intercesión de las autoridades.

No faltará a quien estos hechos les parezcan reprobables e inquietantes, pero habrá que aceptar que, después de todo, la sociedad parece procesar bastante bien sus enojos.