Editorial

Estilo y decisiones

mayo 29, 2017

Como consecuencia de las políticas ruinosas instrumentadas por el gobierno federal y los tres últimos gobiernos estatales, Veracruz comparte con el resto del país el entrampamiento entre un modelo pervertido de liberalización económica y los barruntos por instaurar un pleno Estado de Derecho.

Con instituciones débiles y atavismos de origen, la apertura de México a la globalización, vista al principio como providencial por muchos, reeditó los viejos condicionamientos autoritarios: se redujo a la modernización del sector público, pero sin el necesario cambio sociedad-Estado; no abrió el país al internacionalismo sino sólo reformó la relación económica con Estados Unidos mediante el TLC, reeditando revolcados los mismos lazos de dependencia; no diversificó las vías plurales de acceso a las instituciones, sino que renovó y exacerbó el carácter elitista y restrictivo, ahora reforzado por la relación con los dominios en el mercado.

En este tránsito el estado ha tenido cuatro gobiernos. Exceptuando al de Patricio Chirinos, todos calamitosos que lo llevaron a la situación calamitosa de quiebre en la que hoy se encuentra. La ausencia de un diagnóstico completo sobre las necesidades estatales y sus recursos ha sido lo más determinante. Como consecuencia, la precariedad también de proyectos completos de cambio

Fueron necesarios tres gobiernos ruinosos que quebraron al estado para que el electorado decidiera sacudirse de encima la rémora priísta. El nuevo gobierno panista recibe un estado económicamente quebrado y aunque sus grandes objetivos han sido claros –el ex gobernador Duarte está en una cárcel guatemalteca con una solicitud de extradición sospechosa porque bastaba con solicitar su expulsión por haber ingresado ilegalmente al vecino país; y varios de sus ex colaboradores están sujetos a proceso– nunca se deliberó acerca del tipo de ajustes necesarios a las instituciones para que se adecuaran al logro de los nuevos objetivos y sus procedimientos.

Lo primero es importante y satisfactorio para la mayoría de los ciudadanos veracruzanos. De lo segundo, que es lo sustantivo, se sabe nada. No hay un trabajo legislativo en ese sentido, no se percibe en el gobierno un equipo de reingeniería institucional y gubernamental y pasa el tiempo en un gobierno de tiempo fatalmente acotado.

Con todo, el actual gobierno ha construido una estructura paralela de supervisión y eventual toma de decisiones ejecutivas puesta entre los secretarios de despacho y el gobernador. Tiene el mandatario el derecho de hacerlo, al fin y a al cabo, como decía el maestro Cosío Villegas, tal es su estilo de gobernar. Pero entonces cuál es la función del gabinete si las decisiones ejecutivas no son tomadas en el seno del gabinete formal de gobierno sino en el de un cuerpo de colaboradores paralelo lo que las hace aun más difusas en su proceso.

Y, lo que es más importante, de la imprescindible reconfiguración institucional se sabe nada.