Editorial

Ciudadanía

julio 25, 2017

Ante el agravante de que los gobiernos federal y estatal parecen desinteresados en investigar al ex gobernador Javier Duarte por las miles de desapariciones, forzadas o no, habidas durante su delirante gobierno, integrantes de organizaciones civiles abocadas a la búsqueda de desaparecidos han decidido trascender las paralizantes disfunciones institucionales mexicanas y apelar a la justicia internacional. Denunciarán ante la Corte Penal Internacional al ex gobernador y a su secretario de Seguridad Pública por delitos lesa humanidad.

La sola denuncia, al margen de sus eventuales consecuencias, exhibe la exasperante crisis de la administración de justicia en México en donde cualquier pretensión de remedo de tirano se siente y actúa como dueño de vidas y haciendas con la seguridad brindada por sus testaferros.

El enfoque es sustantivo. A la valoración contable de la saga de gobiernos bribones, incorpora la tragedia sustantiva del desastre humanitario al que fue sometido el estado durante más de seis años y del que aún no sale.

Hacerlo ante la Corte Penal Internacional puede eventualmente tener la desventaja de la lentitud, pero no importa porque dará visibilidad concreta a lo que pasa en el país y en el estado convertido en cementerio.

Enhorabuena por el Colectivo por la Paz. Sería deseable que a su iniciativa se sumaran otras organizaciones ciudadanas e individuos para presentar una demanda colectiva que visibilice y dé mayor peso al malestar en la tragedia por la que se ha obligado a caminar al pueblo veracruzano.