Editorial

El costo de la misoginia

septiembre 23, 2017

Los diputados panistas rechazaron modificar la ley que permitiría la reproducción elegida. De nueva cuenta, con argumentos presuntamente constitucionalistas se negaron a ampliar las causas para permitirla. La decisión coloca a las mujeres en el estado en condiciones de mayor fragilidad. No poca cosa si nos atenemos a la cauda de feminicidios habidos en el estado en los últimos años. Un estado dominado por una élite política de preconcepciones moral-religiosas misóginas que se niegan en aceptar las realidades sociales y que con enojosa facilidad invisibiliza a las mujeres.

Es cierto que es un tema controversial. Básicamente porque hay muchos tomadores de decisiones que se niegan a reconocer que la interrupción del embarazo es una práctica determinada siempre por imperativos que rebasan sobradamente las determinaciones moralizantes.

La interrupción del embarazo es un recurso al que se apela desde mucho antes de tiempos bíblicos y se seguirá usando hasta que la sociedad sea educada lo suficiente como para evitar "accidentes".

En sociedades donde los patrones de consumo son alentados y modificados con base en cargas fuertemente sexualizadas, es irracional esperar continencia sexual.

Hace menos un lustro un estudio norteamericano hecho en la Universidad de California reveló de un que las probabilidades de empobrecimiento de las mujeres que fueron obligadas a continuar con la gestación cuando no querían hacerlo se multiplican significativamente. El riesgo de un destino de penurias económicas es exponencial.

Para los diputados, parece ser especialmente difícil imaginar las consecuencias de dar a luz cuando ya se vive en condiciones de pobreza. Según el estudio, a las mujeres a las que se les niega un aborto deseado son mucho más propensas a vivir bajo los límites de la pobreza dos años después de parir. La presión por y sobre los programas asistencialistas se multiplica y tales recursos nunca son suficientes para compensar la llegada de un miembro adicional de la unidad familia.

Las razones económicas y de salud pública son irrebatibles, pero los llamados representantes de la ciudadanía sencillamente se niegan a acatarlas. Cosa sencilla de hacer cuando el vínculo entre la ciudadanía y sus representantes es tan tenue que al político le tiene sin cuidado la opinión y necesidades de sus electores.