Editorial

Realidad transexenal

febrero 24, 2017

Un recuento de publicaciones periodísticas dadas a conocer ayer en La Jornada Veracruz revelan abrumadoras cifras en torno a la comisión de toda clase de delitos en los que destaca el hecho de que cada 24 horas, tres personas habrían sido asesinadas en promedio en los primeros 52 días del año, y según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública fueron cometidos 119 asesinatos dolosos en enero y en los primeros 21 días de febrero, se alcanzó la cantidad de 54 homicidios y ejecuciones.

Al margen de eventos "cotidianos" en los que las víctimas pertenecen a la sociedad común, aparecen como hechos relevantes los plagios del gerente de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Martín Gelacio Castillo, tres elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en Veracruz, una maestra en Oluta y un sacerdote en Pánuco.

Tal incremento representa un alza de 30 por ciento con respecto de hechos delictivos sucedidos en el mismo periodo del año pasado en los que resaltan significativamente por su impacto en el ánimo colectivo, los ejecutados tirados en las calles y sobre todo el alto número de feminicidios.

Entender el fenómeno es sumamente complejo y si bien pareciera que la criminalidad habría entrado en una fase de descontrol absoluto y que comparado con el violento sexenio duartista, el yunista en ciernes rompería cualquier prospección susceptible de continuar dicha tendencia, lo más probable es que se trate de dos fenómenos.

El primero como un probable reacomodo de los grupos delincuenciales que disputan el control de lo que se da en llamar plazas tras la llegada del nuevo gobierno y la desarticulación de algunos de los vínculos oficiales con grupos delincuenciales, y en segundo lugar, que el SESNSP dé a conocer cifras reales de un fenómeno permanente y que en el sexenio anterior , dado a las simulaciones y a ocultar la realidad, se hubiera maquillado con el propósito de bajar los índices delictivos a fin de generar una falsa percepción de combate a la inseguridad, elemento indispensable para el saqueo y el pillaje institucional.

De hecho, el año anterior, un reporte del Instituto para la Economía y la Paz reveló en contrasentido a la fachada montada por la administración duartista, que la entidad sufría una severa crisis en materia de derechos humanos, corrupción, violencia y libre flujo de información, temas que van muy de la mano con las tasas de homicidios proporcionadas por los gobiernos estatales y que colocaban a Veracruz entre los cinco estados más pacíficos del país.

Con todo y que era pública y notoria la situación de inseguridad y violencia, dicho estudio reveló que en los últimos dos sexenios, las cifras de homicidios eran prácticamente las mismas y que no había sufrido alguna variación pese a la cresta de violencia e inseguridad iniciada en la mitad del gobierno de Fidel Herrera y continuada significativamente en la administración de Javier Duarte.

Una prueba de lo anterior podría ser el hecho de que año con año se habría venido reduciendo la aportación del gobierno federal para los programas de combate a la delincuencia que priorizan la entrega de mayores recursos a las entidades y municipios con mayores niveles de violencia y actos contra el patrimonio y la vida de las personas.

Con la impunidad como divisa, el ocultamiento de cifras y la desatención oficial, se creó un mecanismo de contención informativa cuyos resultados están reflejando una lamentable realidad transexenal.