esde hace ya varios años los partidos políticos sufren de falta de credibilidad y hartazgo entre la ciudadanía. La patente de corso que ejercen sobre la posibilidad de representar y ser electo que tiene cualquier ciudadano ha sido parte importante de su descrédito, lo mismo que las cantidades millonarias de dinero público que reciben y que son modo de vida y privilegio de muchas de sus dirigencias. A esa condición ya erosionada ha venido a sumarse el arreglo mercantil espurio entre el PRI y el PAN que ha expuesto a la clase política tal cual es, divorciada de aquellos a los que dicen o prentenden representar.
El asunto es mucho más serio de lo que las dirigencias partidarias quisieran, porque las pruebas de descomposición y divorcio del interés público se dan inapelables a unos días del inicio de las precampañas. Eso explica la peregrina intención de Beatriz Paredes y Manlio Fabio Beltrones de “dar la vuelta a la página”.
El escenario es de suyo adverso para casi cualquier candidato que no tenga su propio capital de simpatía en el electorado, capital que es personal y en modo alguno derivado de estructuras partidarias, cualesquieras que sean.
Sobre esa condición precaria, viene a sumarse otra igualmente definitoria. El organismo creado para dar crédito y transparencia al proceso electoral es de frágil credibilidad. A las evidencias de extrema improvisación que hace un par de meses surgieron con los desaseados servicios de monitoreo, se suman ahora las dudas de inicio sobre la definición de las preferencias políticas de los consejeros electorales.
Partidos políticos, gobierno y consejeros electorales tienen hoy la urgente tarea de probar que el IEV es confiable. Es el único modo de tomar distancia de la descomposición política generalizada y asegurar un proceso electoral tranquilo. De no hacerlo así, las consecuencias pueden ser desastrosas para el próximo gobernante, cualquiera que sea, para los veracruzanos todos.